Hablando de participación ciudadana, nos ha sorprendido gratamente la propuesta del concurso Racons Públics de Barcelona. Creemos que este tipo de iniciativas constituyen un avance hacia la “autoconstrucción” del espacio público en las ciudades.

Se trata de un concurso mensual para la activación de espacios en situación precaria cuya primera edición se realizó en 2003 (sus resultados están publicados) y que consiste en:

_ concurso abierto a todo el mundo (muy importante!)

_el primer jueves de cada mes El Periódico de Catalunya publicará el emplazamiento a reactivar, y la propuesta se entregará el último laborable del mes

_3 finalistas al mes con un premio de 1.500€ (supongo que ese premio para cada finalista)

_ese mismo jueves se publicarán también las 3 propuestas finalistas del mes anterior

_propuesta en 1 DIN A-3 (o 2 DIN A-4) y un máximo de 180.000€ de presupuesto (lo que más valoran es la viabilidad)

_tras 10 meses de convocatorias (de abril 2009 a marzo 2010, exceptuando agosto y diciembre) se escogerán de las 30 propuestas un ganador por mes que se llevará a cabo.

Está organizado por el FAD, pero nos parece muy importante que esté financiado por Foment i el Distrito de Ciutat Vella (administración municipal), El Periódico (medio de comunicación a nivel regional) y Sapic (S.A. de proyectos de ingeniería y construcciones).

En las bases, además, se explica que cada convocatoria estará dotada de un premio de 1500 euros que constituirá un adelanto a modo de estudio previo o anteproyecto en caso de que el Ayuntamiento de Barcelona, a través del distrito Ciutat Vella decida (en función de la viabilidad) realizar el proyecto y encargarlo al ganador. Aunque deja muy abierto el encargo, parece que hay una voluntad de llevar a la práctica las propuestas.

Además, los ganadores y los proyectos seleccionados están en la web.

Ya nos gustaría que existiese algo así en otras ciudades de España!

(Gracias a Maé, Alberto y al blog de Zoohaus por las informaciones!)

ya lo decía iribas, mucho nos queda por aprender de benidorm. tres son las apuestas que pedro zaragoza, primer alcalde impulsor del efecto benidorm, quiso hacer para conseguir que ese pequeño pueblo pesquero del mediterráneo se convirtiera en el epicentro del ocio y la fiesta (sin importar sexo, condición o edad)a escala europea. y dijo:

1. el planeamiento urbanístico será la base para desarrollo del modelo.

2.el turismo de masas será su habitante principal.

3.se aceptará al turista sea como sea y venga de donde venga.

así, muy a pesar del gran número de detractores del modelo benidorm, la ciudad cuenta con 75 millones de estancia/día, siendo la siguiente ciudad después de londres y parís con pernoctaciones hoteleras. sólo comparable con las vegas por su modelo de turismo singularizado. se trata de un modelo de ocio 24h que no repara en intolerancias.

yes, we love benidorm!

(juramos que todas las imágenes anexas a este texto han sido tomadas en la ciudad de benidorm)

ruta del botellón en madrid de http://3.bp.blogspot.com/

Microfascismos cotidianos: no poder comprar una simple botella de vino más allá de las 10 de la noche para la cena en casa de unos amigos (o esconderla en el bolso tras comprarla en un “chino”); no poder disfrutar de una conversación agradable sentado en un banco del centro con una lata de cerveza en la mano; o dar vueltas en la cama sin poder dormir por el ruido si tu casa da al 2 de mayo; o tener que sortear las bolsas de plástico vacías por el parque del Oeste un domingo cualquiera.

El botellón y las leyes antibotellón, conflicto reciente sobre el uso del espacio público en las ciudades españolas. Por un lado, los jóvenes que hacen un uso activo y de encuentro social del espacio público, abierto a todos; por otro, los vecinos de las zonas de botellón, hartos de los ruidos y desperfectos ocasionados por semejante distracción que se ha vuelto costumbre (ya casi identitaria de la cultura española, tanto que aparece como actividad imprescindible en revistas para turistas; ver europeanvibe).

uso del espacio público plaza de la cebada

Desde nuestro punto vista, el error yace en la criminalización del acto de comprar o beber en la vía pública sin presentar soluciones a los problemas de ruido y desechos generados, así como al consumo de alcohol en menores. Sin embargo, tal vez el problema recaiga sobre el incumplimiento de la Ley antibotellón de Madrid (aquí al completo),en la que se fomenta la creación de actividades en lugares alternativos de las que, por ahora, en Madrid no tenemos noticia:

3. No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal. (…) fomentando, al mismo tiempo, espacios de convivencia y actividades alternativas, contando para el establecimiento de estas limitaciones con los diferentes colectivos afectados.

encontrado en http://amadeo.blog.com/

En otras Comunidades Autónomas la situación es un poco diferente (comparativa leyes antibotellón entre comunidades) y han puesto en marcha estrategias más centradas en limitar las molestias a los vecinos que en reducir el consumo. Extremadura no persigue el botellón sino que regula dónde puede o no hacerse y se acompaña de los Espacios de Creación Joven (alternativa de ocio nocturno no basado en el alcohol). En Salamanca o Andalucía se autoriza la creación de espacios específicos (botellódromos) siendo Córdoba la primera ciudad en instalarlo (2005).

En estas zonas se ofrecen elementos de higiene y seguridad como urinarios públicos, suficientes contenedores de basura, o vigilancia a fin de evitar que los menores tengan acceso al alcohol. Sin embargo su uso es muchas veces escaso, por tratarse de lugares poco accesibles.

Para más interpretaciones sobre el tema, visitad la página ruidos.org (muy completa) o este post en el escenario de trabajo virtual de Zuloark (muy cachondo).

Hemos querido destacar algunas de las peticiones señaladas en el Informe Auken aprobado ayer por la Comisión Europea, por considerarlas de especial interés o pertinencia y declarar nuestra alegría y alboroto porque por fin se haya puesto sobre la mesa el problema urbanístico español! (aunque sea parcialmente, el tema es bastante complejo). También creemos, sin embargo, que la medida de congelación de fondos europeos a España, a priori, puede ser desmesurada por afectar a todo el Estado y no atacar directamente a la raíz del problema.

El Parlamento Europeo:

2. Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador;

3. Considera que las autoridades regionales competentes deben declarar suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente;

5. Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos de la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos

18. Considera, no obstante, cree que la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente son la primera causa de muchos problemas relacionados con la urbanización, y que esto, combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano de la UE, pero que también ha ocasionado pérdidas sustanciales al Estado español;

20. Considera necesario que
el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible;

21. Considera igualmente que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles, desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes de la correspondiente Confederación Hidrográfica con carácter negativo;

22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

29. Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona

30. Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados;

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