A partir del post sobre la kommunalka (arquitipo económico comunista), nos apetecía encontrar las razones del fracaso de este tipo de vivienda compartida.

Desde nuestro punto de vista, uno de los errores más importantes del sistema comunista de la URSS era su absoluta ausencia de flexibilidad: pensamientos y directrices demasiado rígidos, imposibilitando la adaptación del sistema durante su puesta en práctica. Esto queda patente, también, en el modo de gestión de la vivienda.

Propiska: control en el movimiento de personas

Por un lado, la inmigración a las ciudades era estrictamente regulada a través del Propiska (puesto en funcionamiento tras un decreto de Stalin de 1932 y paradójicamente heredero del utilizado por el gobierno zarista para la gestión de la urbanización en el Imperio durante el siglo XIX)

El Propiska o “Registro del lugar de residencia” exigía una autorización por parte del Estado y su objetivo era el controlar del movimiento de los ciudadanos dentro de la URSS, para poder dotarles de los servicios necesarios (entre otras cosas). Impedía el cambio de residencia sin permiso oficial y el incumplimiento de esta norma era causa de multa o encarcelamiento. Debía ser renovado cada 5 años y era necesario para obtener un trabajo, contraer matrimonio o acceder a servicios sociales o educativos. Además, el permiso era especialmente difícil de obtener para ciertos lugares (como Moscú), siendo negado como norma a ex-convictos y disidentes políticos y desencadenando sobornos o matrimonios de conveniencia para conseguirlo.

Espacio habitable rígidamente cuantificado

En cuanto a la vivienda, la cantidad de espacio necesario por persona era un número que había sido calculado “científicamente”, estableciéndose el zhilploshad’ o “espacio habitable“: 9 m2 por persona adulta (que nos consta resultaba bastante escaso) y algo mayor para categorías privilegiadas. Para una familia, el espacio requerido era el obtenido al multiplicar el número de personas por el estándar de m2 establecido; en caso de disminuir o aumentar el número de personas en una familia, ésta era trasladada a una nueva vivienda de menor o mayor tamaño. Sólo era posible registrar a personas con las que vivir en caso de tratarse de familiares muy cercanos (esposas, hijos, padres o abuelos) y nunca amigos o personas con otro tipo de relación.

Derechos garantizados versus inmovilismo inmobiliario

Una vez que una persona era registrada en una residencia, aseguraba su derecho a este espacio, de manera que no podía ser desalojado incluso ante el impago de la renta; la municipalidad sólo desalojaba a los habitantes en caso de que se les fuera ofrecido un lugar más barato donde vivir.

Situación actual

El sistema del Propiska fue oficialmente abolido en 1991, tras el colapso de la URSS. Sin embargo, algunos estados continúan utilizando sistemas parecidos (algún tipo de permiso oficial para registrar el lugar de residencia) como Bielorrusia, la Federación Rusa y Kyrgyzstan. Armenia, Kazakhstan, Turkmenistan y Ucrania han abolido la necesidad de solicitud de permiso, pero aún requieren que la residencia esté registrada. Georgia ha eliminado cualquier forma de registro y en Moldavia la práctica fue declarada inconstitucional en 1997.

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