Hemos querido destacar algunas de las peticiones señaladas en el Informe Auken aprobado ayer por la Comisión Europea, por considerarlas de especial interés o pertinencia y declarar nuestra alegría y alboroto porque por fin se haya puesto sobre la mesa el problema urbanístico español! (aunque sea parcialmente, el tema es bastante complejo). También creemos, sin embargo, que la medida de congelación de fondos europeos a España, a priori, puede ser desmesurada por afectar a todo el Estado y no atacar directamente a la raíz del problema.

El Parlamento Europeo:

2. Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador;

3. Considera que las autoridades regionales competentes deben declarar suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente;

5. Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos de la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos

18. Considera, no obstante, cree que la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente son la primera causa de muchos problemas relacionados con la urbanización, y que esto, combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano de la UE, pero que también ha ocasionado pérdidas sustanciales al Estado español;

20. Considera necesario que
el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible;

21. Considera igualmente que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles, desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes de la correspondiente Confederación Hidrográfica con carácter negativo;

22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

29. Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona

30. Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados;

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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado ayer miércoles el informe Auken, que critica con dureza la “urbanización masiva” de España y en el que se sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se tomen medidas al respecto. Además, el texto, que ha contado con la oposición del PP y del PSOE, exige una moratoria para todos los proyectos urbanísticos que no se plieguen a las leyes europeas. El informe Auken ha sido elaborado a partir del “proceso de reclamaciones que ofrece a los ciudadanos y residentes europeos un medio de obtener la reparación no judicial de sus reclamaciones cuando éstas conciernen a asuntos derivados de los ámbitos de actividad de la Unión Europea”: es decir, ha sido posible gracias a sus ciudadanos, y en contra de la opinión de los políticos españoles (PP y PSOE). Esta es la tercera vez que el PE se pronuncia sobre el urbanismo en España en lo que va de legislatura.

El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein ha declarado que:

“De nada ha servido los intentos desesperados sin argumentos del PP y del PSOE de evitar el reconocimiento político europeo de lo obvio: el modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente. Ya no valen defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales y tomar medidas visibles para mostrar a los europeos que el Estado Español y los gobiernos autonómicos toman en serio las críticas recibidas a lo largo de los últimos 5 años. Para recuperarse de esta mala imagen y palpable realidad, urge la acción no palabras defensivas.”

El informe señala a todos los niveles de las administraciones españolas de ser partícipes de la “corrupción endémica” generada, incluyendo a la de justicia, que no se encuentra “debidamente preparada” para hacer frente a los abusos y frenar este modelo de “desarrollo insostenible”. La falta de “claridad, precisión y seguridad jurídica” en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. El informe insta a revisar “urgentemente” y a modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”. Además se exige a las autoridades españolas que desplieguen mecanismos para “agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor”.

El informe manifiesta su “preocupación por la situación de la planificación urbana en Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria”. Se señala además que existen urbanizaciones construidas en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

Aquí os dejamos el informe Auken, y también el link a los gráficos de El País, donde se ilustran algunos de los desmanes del urbanismo en la costa de Levante española.

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La malograda y maltrecha isla de la Cartuja (Sevilla) va a acoger en los próximos años un proyecto que encaja perfectamente en la categoría Inversión Urbana de este espacio web: el Centro Puerto de Triana.

Una de las apuestas de este proyecto es el gigantesco rascacielos (178 metros) que Cesar Pelli ha proyectado para presidir el complejo. Las autoridades políticas y técnicas del proyecto afirman que será una referencia en cuanto a sostenibilidad y que dinamizará economicamente la capital sevillana.

Pero esta edificación tiene una inquietante consecuencia… es la primera construcción que supera a la histórica Giralda, eje central del skyline sevillano y símbolo histórico de poder.

La polémica esta servida. El arquitecto argentino hacía hoy mismo las siguientes declaraciones:

Desde que las civilizaciones tuvieron suficiente fuerza económica y técnica han construido los más alto posible en todo el mundo: las pirámides, las pagodas, los zigurats y hasta los campanarios de las iglesias católicas. Todas parecieron responder a un mismo anhelo y lo que nos permite satisfacer este anhelo hoy son los rascacielos.

Cesar Pelli, declaraciones a un medio andaluz sobre la Torre Cajasol

La visión, la gestión política y la proyección técnica serán decisivias para el éxito (o fracaso estrepitoso) de esta Inversión Urbana.